El Consejo Superior de Deportes (CSD) decidió ayer devolver la licencia a Dani Olmo y Pau Víctor mediante una disposición cautelar que, lejos de zanjar el asunto, ha desatado un vendaval de opiniones.
No es casualidad que esta medida haya encendido los ánimos de muchos, especialmente en los medios de comunicación de Madrid, pero también en los de Barcelona. Las tertulias radiofónicas de anoche o una decena larga de columnas periodísticas en diversos diarios lo atestiguan. En el epicentro de las críticas, una vez más, el Barça y Joan Laporta, blanco habitual de aquellos que ven en cada paso del club catalán una conspiración o una ventaja ilegítima. Curioso porque, guste más o menos, lo único que ha hecho el club es ejercer un derecho que le asiste: recurrir y defender sus intereses.
Y aquí entramos en la eterna contradicción de nuestro fútbol. Los mismos que claman por la separación entre política y deporte son los que más rápido tildan esta decisión del CSD como una maniobra política. «Puigdemont llamó a Pedro Sánchez«, decía ayer algún cuñado en la cadena Cope. Lo que en cualquier otro contexto se entendería como un procedimiento legal y legítimo, en este caso se convierte en una afrenta. Porque claro, si el beneficiado es el Barça, automáticamente debe haber trampa. Una lógica que más que lógica es puro resentimiento, alimentado por años de rivalidad mal entendida.
El Partido Popular, siempre ávido de sumar ruido al circo, no ha dudado en calificar esta medida de «adulteración de la competición» en boca de Borja ‘hala Madrid’ Sémper. Una declaración que roza el esperpento. ¿En qué momento garantizar los derechos de jugadores y clubes mientras se resuelve el fondo del asunto (cautelar viene de cautela) se convierte en un acto de corrupción deportiva? Si esto es adulterar, ¿qué calificativo se merece el uso de las instituciones para propagar discursos incendiarios y vacíos de contenido?
Sería ingenuo pintar a Joan Laporta y su junta como mártires de esta historia. El presidente del Barça ha cometido errores, y no pocos. Su gestión económica sigue generando dudas entre los socios, y algunas decisiones deportivas han dejado más interrogantes que certezas. La falta de transparencia en momentos clave y una cierta tendencia al personalismo no han ayudado a calmar las aguas en el entorno blaugrana. Laporta no es un santo y tiene mucho que mejorar si quiere que su legado no quede eclipsado por sus propias sombras.
Sin embargo, lo que no se puede negar es que estos ataques externos suelen tender a fortalecer la posición del presidente dentro del club. En un contexto en el que se rumorea con una moción de censura, que el aficionado perciba un asedio al Barça por parte de medios y rivales genera un efecto inesperado: une al barcelonismo en torno a un enemigo común. Porque, cuando el club parece sitiado, hasta los más críticos socios de a pie (en las «élites» y la opinión publicada es otro cantar) prefieren cerrar filas antes que debilitar al Barça desde dentro.
Al final, la decisión del CSD no solo pone de relieve las tensiones entre deporte y política en España, sino que también expone las miserias de un ecosistema futbolístico en el que todo se interpreta como un ataque o una ventaja injusta. Lo que está claro es que el Barça, guste o no, tiene derecho a defenderse en todas las instancias, y reducir este derecho a una maniobra política no hace más que empobrecer el debate.
El fútbol debería ser algo más que esta batalla constante de narrativas enfrentadas. Pero mientras unos se empeñen en alimentar teorías conspirativas y otros en ignorar sus propias responsabilidades, lo único que crecerá será la distancia entre lo que el deporte puede ser y en lo que lo hemos convertido.
Foto: CSD
