No hubo marcha atrás. Ayer, la junta directiva del Barça decidió no retirar la acción de responsabilidad social contra 17 exdirectivos de Joan Laporta a quienes el club reclama 47’6 millones de euros (2’8 por cabeza) para que respondan de lo que, a su entender, fue una gestión negligente. En consecuencia y como estaba previsto, el próximo día 15 de septiembre comenzará el juicio sobre esta materia.
Agobiada por los numerosos frentes judiciales abiertos en los que hasta ahora no ha obtenido más que imputaciones y derrotas, la junta que preside Josep Maria Bartomeu ha decidido liarse la manta a la cabeza y continuar adelante con el proceso que aprobó la asamblea de compromisarios del Barça después de que quienes hoy mandan la incluyeran en el orden del día. Una asamblea en la que –tras una lamentable exposición del representante de una prestigiosa (!) auditora como KPMG que hizo ver al socio que el club era poco menos que una casa de citas en la que todo el mundo metía la mano– vivimos el papel ponciopilatesco del entonces presidente. Sandro Rosell decidió votar en blanco, lavarse las manos, amartillar la pistola para que fueran otros quienes apretaran el gatillo e iniciaran la política de venganza con la que se ha dirigido el club desde 2010. Entre ellos el hoy presidente, Josep Maria Bartomeu.
La reunión de la junta directiva fue larga y, en el caso de la acción de responsabilidad, tensa. Hubo debate –encendido, añadiría– entre quienes quisieron mantener inamovible la postura inicial y aquellos que, no se sabe si movidos por la cordura o por el temor a vivir en sus propias carnes lo que están viviendo ahora los exdirectivos, preferían frenar la demanda. Finalmente se decidió “mayoritariamente continuar con el proceso”.
La perversidad de la ley sobre la que se fundamenta la acción de responsabilidad hace que algunos de los exdirectivos que tomaron las decisiones cuestionadas tengan la posibilidad no sólo de salir de rositas, sino de hacer recaer sobre las espaldas de otros que no estaban en aquel momento una amenaza que pone en peligro su patrimonio personal y el futuro de sus familias. Se ha dicho de mil y una maneras –aunque el caballero de KPMG (Ferran García Ferrer, se llama) transmitiera todo lo contrario minutos antes de la famosa votación de la asamblea– que nadie metió mano a la caja del club, y aun así no hay marcha atrás en una decisión que ha terminado de ahondar las diferencias y las guerras internas en el club.
Será el juez quien determine en qué acaba todo esto, igual que será el juez quien decida imputar o no (seguramente lo primero) al presidente como ya hizo en su día con el huido Rosell y con el propio club por el tema Neymar, ensuciando aún más la cada vez menos modélica imagen del Barça en el mundo. Y limpiarla costará mucho más de lo que costó en su día lavarse las manos.
