El concepto de «medida cautelar» no parece ser del todo claro para algunos que han inundado columnas y tertulias llorando por la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de devolver la licencia a Dani Olmo y Pau Víctor.
Tal vez sea que les suena demasiado técnico, o quizás porque no da para el titular incendiario que necesitan para agitar a las masas. Lo cierto es que, mientras todos se centran en fruslerías como «la pureza de la competición» o «el daño a la selección», nadie parece querer hablar de lo verdaderamente importante: las dudas sobre el procedimiento.
El CSD, con su medida cautelar, no ha dado ni quitado la razón a nadie. No es un árbitro mostrando tarjeta roja, ni un juez dictando sentencia. Lo único que ha hecho es observar «la posible concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho» en el proceso de inscripción de los jugadores, tal y como alega el Barça. Pero esta precisión, que desmonta el discurso de una conspiración blaugrana para adulterar la Liga, no interesa a quienes prefieren encender hogueras antes que leer la letra pequeña.
Valencia, Espanyol, Málaga, Atlético… Todos corrieron a publicar comunicados rasgándose las vestiduras, lamentándose por la falta de respeto a las normas. Lo curioso es que ninguno menciona que el CSD aún no ha emitido un fallo definitivo. Si esto fuera una película, estamos apenas en el tráiler, pero algunos ya quieren dictar el final.
Ahora, como no podía ser de otra forma, La Liga y su caudillo ultraderechista Javier Tebas han decidido elevar la pataleta al siguiente nivel y llevar el asunto a los tribunales. Una decisión que resulta coherente con la línea habitual de Tebas: alimentar el ruido, polarizar el debate y, de paso, reafirmarse como el salvador de una competición que, irónicamente, sigue perdiendo prestigio cada temporada. Porque, para Tebas, no es suficiente que los clubes afectados recurran en el marco administrativo; hay que convertir este asunto en su cruzada personal.
Hay que ser sincero y reconocer que el Barça ha sido temerario o negligente con los plazos en la inscripción de jugadores, pero también es de ley afirmar que ahora mismo el club está haciendo lo que tiene que hacer: defender sus intereses, ni más ni menos.
Como cualquier ciudadano, el Barça tiene derecho a agotar todas las instancias administrativas y judiciales. Eso incluye recurrir al CSD, y, si fuera necesario, a la justicia ordinaria. Este derecho, por cierto, asiste a todos los clubes, pero parece que es más indignante cuando lo hace el equipo de Laporta, como ocurrió con aquella sanción de tres partidos a Lewandowski por tocarse la nariz.
Y aquí entra la gran pregunta que muchos parecen querer evitar: ¿qué pasaría si, al final, los órganos deportivos o judiciales determinaran que el Barça tiene razón? ¿Alguien ha pensado en las consecuencias? Porque es muy fácil imprimir billetes falsos con la cara de Joan Laporta y escribir «mafia» en ellos. Lo difícil es aceptar que el ruido mediático puede ser tan gratuito como esos cánticos de «puta Barça, puta Catalunya» que, por cierto, suelen salir impunes.
Mientras tanto, el circo sigue. La Liga, Tebas, los billetes de los mermados de Bilbao, los comunicados de Málaga y las tertulias de barra de bar se mezclan en la misma coctelera. Pero lo único que realmente está en juego es algo más serio: el derecho de cualquier club, incluso el más odiado, a defenderse dentro del marco legal.
El juicio definitivo llegará. Y cuando lo haga, tal vez, solo tal vez, todos deberíamos estar preparados para aceptar el resultado, aunque no sea el que queremos.
Foto: FC Barcelona
