“Si no hubiera puesto la denuncia, ahora no estaríamos aquí ni hubiéramos tenido que pagar los 13,5 millones de euros” comentó ayer el presidente Bartomeu sobre Jordi Cases, el socio cuyo único delito fue preguntar al club por los pormenores de una operación que desde el primer minuto nunca quedó clara. Al ver que sus dudas eran ninguneadas y ridiculizadas por los estamentos que rigen el club, siguió el cauce lógico y las llevó hasta el único lugar donde se podría asegurar que serían respondidas.
Desde entonces, la operación modélica, ejemplo de ingeniería negocial en ESADE, que fue el fichaje del brasileño se ha llevado por delante al entonces presidente, ha logrado que el club sea imputado y que se vea obligado a depositar 13,5 millones de complementaria por si las moscas. El nuevo mandamás del Barça va errado si sigue buscando las culpas en las legítimas suspicacias de un socio o en el color de la bufanda del juez de turno. La responsabilidad, en todo caso, recae sobre él y sus compañeros de junta primero, por no dignarse a explicar con claridad la operación y, en segunda instancia, sobre los muy turbios compromisos que se adquirieron para traer al diez de Brasil a la capital catalana.
Vistos los recurrentes ataques a la figura de Jordi Cases desde el club y sus tentáculos de papel, es bien normal que este último no quiera retirar la demanda hasta que le aseguren por escrito que no habrá represalias contra él. Se ha alcanzado el absurdo de cargar sobre su persona una infracción que jamás cometió, obviando a los verdaderos artífices de que la entidad se encuentre imputada. Aquellos que, a su vez, pierden tiempo y recursos del club en buscar a los culpables en vez de mirarse en el espejo.
